Zuany, exfiscal de Chihuahua, enfrenta dos órdenes de captura
García Harfuch confirmó que la FGR y la Fiscalía de Chihuahua tienen órdenes contra Guillermo Zuany por el operativo con agentes de la CIA en la Tarahumara.
Por Anabel Beltrán
El exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, tiene en su contra dos órdenes de aprehensión vigentes, una de la Fiscalía General de la República y otra de la Fiscalía General del Estado, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina del martes 10 de noviembre.
Ambos mandamientos están relacionados con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en un operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara. El funcionario federal evitó detallar los delitos que sustentan la orden federal y dijo que prefería que fueran las fiscalías las que informaran sobre los expedientes.
Qué dice la orden estatal
De acuerdo con información retomada por Excélsior e Infobae, la orden local fue librada el 16 de octubre de 2026 por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026. A Zuany se le atribuyen ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
En el mismo procedimiento aparece el exfiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, señalado por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Según La Jornada, Jáuregui enfrenta además un proceso federal por traición a la patria, y de acuerdo con Chihuahua Hoy permanece recluido en el penal del Altiplano.
Zuany promovió un amparo indirecto el 17 de octubre, el mismo día de la detención de Jáuregui, y obtuvo una suspensión provisional que por ahora impide ejecutar la orden estatal. El diario capitalino reportó que deberá comparecer este viernes ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Chihuahua para la audiencia incidental del juicio.
El operativo de El Pinal
Las investigaciones se originaron en un despliegue efectuado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde agentes estatales y elementos del Ejército desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Al regreso, un convoy sufrió un accidente en un camino de terracería y murieron cuatro personas, entre ellas dos estadounidenses identificados después como agentes de la CIA.
La presencia de personal de inteligencia extranjero en un operativo dentro del territorio nacional abrió cuestionamientos sobre las condiciones legales de su participación. En mayo, García Harfuch había dicho que las indagatorias buscaban esclarecer esas condiciones y no estaban dirigidas contra la gobernadora María Eugenia Campos.
El reportaje y la respuesta de Chihuahua
La confirmación del secretario llegó tras un reportaje de The New York Times que, con base en documentos confidenciales y entrevistas con una veintena de funcionarios de ambos países, atribuye a Zuany haber servido de enlace entre la CIA y policías estatales durante más de seis meses. El diario estadounidense también publicó que el exfuncionario aseguró que la gobernadora sabía de esa presencia.
Según el mismo reportaje, retomado por medios locales, Zuany colaboraba con la agencia estadounidense mientras el FBI lo investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que lo habría vuelto especialmente dispuesto a cooperar. Ninguna autoridad mexicana ha confirmado esa versión, y el exfiscal no ha dado a conocer públicamente una postura sobre esos señalamientos.
La Fiscalía de Chihuahua lo desmintió en un comunicado. Sostuvo que la carpeta del caso reúne 150 declaraciones de 86 personas y que en ninguna se afirma que Campos Galván haya conocido o autorizado la participación de extranjeros. Agregó que los dichos de una persona con orden de aprehensión vigente no forman parte de la investigación.
Para la Fiscalía de Chihuahua, Zuany tiene la calidad de prófugo en la causa local, de acuerdo con Chihuahua Hoy. El medio reportó además que la orden federal estaría relacionada con una acusación de traición a la patria, aunque ese punto no ha sido confirmado de manera oficial por la FGR.
Con dos procesos abiertos y un amparo en curso, el siguiente paso será la resolución del juzgado federal sobre la suspensión. Si el beneficio se revoca, la orden estatal podría ejecutarse; la federal, cuyos cargos no se han hecho públicos de manera oficial, sigue su propio curso.
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