Por Anabel Beltrán
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantuvieron este sábado 7 de noviembre el segundo día de un paro indefinido de labores, con protestas reportadas en al menos diecisiete estados y la Ciudad de México, contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño. Según la cobertura de La Razón, el movimiento arrancó desde el primer minuto del viernes 6 y no se levantó con la reapertura de vialidades capitalinas.
En el entorno del recinto de San Lázaro, los manifestantes liberaron la calzada Ignacio Zaragoza después de casi cuatro horas de bloqueo, sin haber sido atendidos por las autoridades, de acuerdo con el mismo diario. La reapertura de esa arteria no significó el fin del paro ni el retorno a las labores ordinarias en juzgados y tribunales federales.
Al comienzo de las movilizaciones, alrededor de un centenar de empleados colocó cadenas en los accesos de la sede de San Lázaro. La Razón documentó, además, que veintinueve ciudades reportaron cierres asociados al paro judicial, un mapa que refuerza el carácter nacional del conflicto más allá de la capital.
Diálogo en la Corte y postura del OAJ
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. En un comunicado recogido por La Razón, el máximo tribunal planteó que la legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla.
Aguilar Ortiz ofreció abrir espacios de escucha junto con el Órgano de Administración Judicial para encauzar una solución. Enfatizó que la evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del Poder Judicial de la Federación, y reconoció a la base trabajadora como columna vertebral del sistema de justicia.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial sostuvo que las pruebas correspondientes a 2026 serán exclusivamente diagnósticas y que sus resultados no producirán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Esa excepción corresponde al ejercicio de este año; el acuerdo contempla consecuencias laborales para evaluaciones ordinarias posteriores.
La misma administración judicial anunció un incremento salarial de 4.5 por ciento —parte de un acuerdo alcanzado el 21 de octubre con el STPJF, según La Razón— y confirmó que la primera parte del aguinaldo llegará el 13 de noviembre, mientras que el segundo depósito tendrá lugar el 5 de enero de 2027.
Qué reclaman y qué sigue
Los trabajadores exigen evaluaciones objetivas, continuidad en sus puestos, incremento salarial y redistribución de las cargas de trabajo. Cuestionan que el mecanismo incorpore valoraciones de superiores jerárquicos y temen que pueda afectar su permanencia, aun cuando la institución insiste en el carácter diagnóstico de la primera aplicación.
Según el calendario difundido, a mediados de noviembre —específicamente el 17 y el 18— se publicarán los temarios. Ya en diciembre, la Escuela Nacional de Formación Judicial tiene previstas pruebas para secretarios (día 4), actuarios (día 8) y oficiales (días 14 y 15). El análisis de resultados y de brechas de capacitación quedaría para el primer trimestre de 2027.
Para la ciudadanía, cada jornada de cierre se traduce en escritos sin acuerdo, notificaciones sin salida y audiencias reprogramadas. La penalista Diana González Obregón, citada por La Razón, advirtió que la suspensión perjudica a víctimas y personas que esperan trámites, y pidió mesas de trabajo sin prolongar la interrupción de servicios.
Alerta Nacional dará seguimiento a cualquier anuncio oficial de retorno, a la evolución del conteo de sedes activas en el paro y a la implementación concreta del calendario de evaluación. Las cifras de diecisiete estados, Ciudad de México y veintinueve ciudades con cierres son el piso periodístico del sábado 7 de noviembre, no un inventario cerrado.
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