Paro del PJF: al menos 22 sedes en más de 16 estados

Por Anabel Beltrán

Infobae documentó este viernes 6 de noviembre un paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación extendido a un mínimo de veintidós instalaciones federales repartidas por arriba de dieciséis entidades. El detonante fue el modelo de evaluación que apareció el jueves en el Diario Oficial. En la protesta participan secretarios, actuarios y oficiales; la prensa estima cerca de treinta y dos mil personas en ese universo laboral.

La primera chispa se vio en Morelos. Allí, desde el mediodía del jueves, Cuernavaca y Xochitepec reunieron a más de mil empleados que bajaron herramientas. Horas después, ya entrada la madrugada, las instalaciones capitalinas conocidas como San Lázaro y Prisma se sumaron. A las nueve de la mañana del viernes el resto de sedes reportadas entró al movimiento, aunque el conteo sigue siendo fluido.

Lo que distingue este paro de una huelga salarial clásica es el trasfondo institucional. Quienes ahora intervienen en la calificación del personal de apoyo son juzgadores surgidos del voto popular. Voceros laborales sostienen que esa mezcla abre la puerta a presiones indebidas dentro de la nota.

Inventario territorial y reglas del examen

El mapa difundido abarca Chiapas, Durango, Guanajuato, la sede de Chilpancingo en Guerrero, Pachuca en Hidalgo, Jalisco, Morelia en Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, la capital oaxaqueña y Salina Cruz, Puebla, Toluca en el Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la capital federal se habló además de Ajusco y Las Flores, junto con San Lázaro y Prisma.

Respecto a la fórmula evaluatoria, la cobertura indica un examen de conocimientos con peso de cuarenta puntos porcentuales. El resto se repartiría así: veintidós punto cinco para la opinión del titular, siete punto cinco para pares, diez para reportes y el sobrante en otros rubros. La organización de actuarios y oficiales describe la primera vuelta como diagnóstica, sin separación inmediata; aun así, sacar cincuenta y nueve o menos se tomaría como insuficiente y obligaría a un único extraordinario o a la baja.

Las fechas clave ya están en el radar: temario hacia el diecisiete y dieciocho de noviembre; pruebas el cuatro, ocho, catorce y quince de diciembre; resultados entre enero y marzo de dos mil veintisiete. Ese calendario mantiene la tensión varios meses y convierte cada asamblea en posible reactivación.

En términos de servicio público, cada hora de cierre se traduce en escritos sin acuerdo, notificaciones sin salida y usuarios que pierden jornadas laborales solo para encontrarse con puertas cerradas. Ese costo cotidiano rara vez aparece en el debate sobre porcentajes de evaluación, pero define la gravedad del paro para la ciudadanía.

Impacto operativo y pendientes

Con oficinas federales cerradas o a media máquina, quienes tenían audiencias o amparos enfrentan reprogramaciones. No todas las regiones sufren igual: circuitos congestionados acumulan más rezago que sedes pequeñas. Mientras no haya un criterio uniforme sobre plazos, conviene documentar cada suspensión.

Desde dos mil veinticuatro no se veía un paro federal de esta magnitud. La etiqueta de ronda diagnóstica no ha bastado para tranquilizar a quienes temen que la nota del titular decida su futuro. Al cierre no existía un pacto público que devolviera la normalidad.

También conviene distinguir entre el derecho a protestar del personal y la obligación institucional de informar con claridad qué plazos se suspenden. La opacidad en ese punto agrava la percepción de caos, incluso cuando el movimiento tenga demandas legítimas sobre reglas laborales.

Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal y a las representaciones laborales aclarar si el acuerdo del Diario Oficial se suaviza, se interpreta o se aplica íntegro. Alerta Nacional seguirá el número de edificios activos en el paro y cualquier anuncio oficial de retorno. Las cifras de mínimo veintidós sedes y más de dieciséis estados son un piso periodístico del viernes, no un inventario cerrado.

Si el Consejo emite criterios uniformes de suspensión y reanudación, el daño procesal puede acotarse. Si cada circuito improvisa, el mismo paro generará litigios colaterales sobre términos vencidos y oportunidades perdidas de defensa.