Por Anabel Beltrán
La situación jurídica de Inés Gómez Mont entra en una semana decisiva. Un juez federal del Distrito Sur de Florida dio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hasta este miércoles 4 de noviembre para explicar por qué mantiene bajo custodia a la exconductora de televisión, detenida el pasado viernes 30 de octubre por motivos migratorios.
Gómez Mont permanece en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR), su arresto no derivó de la solicitud de extradición mexicana, sino de que presuntamente ya no contaba con una visa o permiso vigente para permanecer en territorio estadounidense.
El recurso de habeas corpus
La defensa de la exconductora, encabezada por el abogado John Pratt, presentó el sábado 31 de octubre un recurso de habeas corpus, figura que permite pedir a un tribunal que revise la legalidad de una detención. El expediente quedó registrado con el número 0:26-cv-63085 ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida.
El mismo día, el juez Jeffrey T. Kuntz emitió dos resoluciones. En la primera negó la medida de emergencia que buscaba impedir que Gómez Mont fuera trasladada a otro centro de detención, al considerar que carece de jurisdicción para frenar ese tipo de decisiones migratorias. En la segunda ordenó a las autoridades presentar sus argumentos a más tardar el 4 de noviembre.
Parte del expediente está restringido, por lo que no se conoce el detalle de los argumentos de la defensa. Lo que sí se sabe es que entre los anexos figuran documentos médicos sobre el tratamiento de una de sus hijas, con los que se busca evitar que sea enviada lejos del área de Miami.
Tres órdenes de aprehensión en México
Del lado mexicano, la fiscal general Ernestina Godoy informó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en contra de Gómez Mont, emitidas por jueces federales. Una corresponde a una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos, por defraudación fiscal equiparada.
Según la FGR, la investigación principal se relaciona con un presunto esquema de desvío y triangulación de recursos del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social mediante empresas fantasma, en contratos que suman cerca de dos mil 450 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que la exconductora habría recibido parte de esos recursos en sus cuentas personales, aunque no ha precisado el monto.
En el frente fiscal, la acusación señala que Gómez Mont habría declarado ingresos menores a los reales en los ejercicios de 2014 y 2016, con una omisión de más de 13 millones de pesos en impuestos. Godoy subrayó que las órdenes no equivalen a una declaración de culpabilidad y que corresponde a los jueces valorar las pruebas.
Qué puede pasar ahora
México solicitó desde septiembre de 2025 la detención provisional de la exconductora con fines de extradición. Si las autoridades estadounidenses deciden deportarla, la FGR ha dicho que ejecutará de inmediato las órdenes al momento en que pise territorio nacional. Si el juez concede el habeas corpus, podría enfrentar su proceso migratorio en libertad, sin que eso cancele las causas abiertas en México.
Este martes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso y afirmó que la exconductora forma parte de un esquema de lavado de dinero vinculado con factureras. También desestimó la petición de asilo político que, según se ha informado, prepara su defensa.
La exconductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, han rechazado los señalamientos y sostienen que son víctimas de persecución política. Álvarez Puga fue detenido por ICE en septiembre de 2025 y recuperó su libertad bajo fianza a finales de ese año. El siguiente paso visible será la respuesta de ICE ante el tribunal de Florida.